En una audiencia en la que su nombre apenas se mencionó, el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala fue protagonista ayer en Washington. Allí, ante autoridades de derechos humanos del continente, organizaciones sociales denunciaron “persecución” y una “intolerable situación” en la provincia de Jujuy, mientras que funcionarios provinciales y del Gobierno nacional rechazaron estas acusaciones y argumentaron que solo cumplen la ley.
En este marco y como gesto de buena voluntad, representantes del Gobierno anunciaron que estos días enviarán al Congreso una reforma al Código Penal en la que piden que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo una protesta.
El escenario fue la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA.
Por un lado de la mesa se sentaron alineados los representantes de las agrupaciones denunciantes, y enfrente se ubicaron los delegados del Gobierno nacional y provincial.
La delegación de la administración de Mauricio Macri estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y por Jujuy hizo lo propio el fiscal provincial, Mariano Miranda.
Horacio Verbitsky fue la voz cantante de los peticionantes, en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A su lado estaban miembros de sindicatos de ingenios jujeños. Enfrente de ambos, se situaban los dirigentes de la CIDH que escuchaban los argumentos de ambos y hacían preguntas.
LA DENUNCIA
Verbitsky denunció que se ha aplicado “la privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucionales a quienes protestan en Jujuy”. Y que la práctica es “primero la represión armada ante cualquier protesta, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería” a la organización.
Y pidió a la CIDH que reclame al Estado argentino que “advierta a Jujuy que debe atenerse a los estándares de los derechos humanos de la región”, que “cese la persecución, el hostigamiento y la criminalización de la protesta y que se derogue el código contravencional”, que ellos critican.
A su turno, el fiscal Miranda replicó que en su provincia se garantiza el “derecho de peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.
Aseveró que sólo en el 0,75% de los casos tras protestas sociales se abrieron causas ante la justicia contravencional, mientras que se cortaron 50 calles y hubo 30 acampes. “No existe un ejercicio de aplicación abusiva de las normas del código contravencional”, advirtió.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
En tanto, el secretario Avruj aseguró que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”.
Y anunció que en estos días enviarán al Congreso una reforma al código penal en la que piden que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”.
Sala fue arrestada en enero de 2015 inicialmente por “sedición”, un cargo que pocos días después fue desestimado por la justicia. Luego fue acusada de otros delitos, entre ellos “extorsión”, “defraudación” y “asociación ilícita” por los que sigue en prisión.
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